Empresas y municipios tendrán que desarrollar planes de transporte sostenibles
El 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país proceden del transporte, cinco puntos más que la media europea. Precisamente por ello la movilidad sostenible se ha convertido en una de las piedras angulares para la mejora de las condiciones de vida en las ciudades. En toda España se calcula que cada año se realizan más de 5.000 millones de viajes en transporte colectivo, siendo una de las fuentes más destacadas de emisiones de gases de efecto invernadero.
Y para paliar este fenómeno, el Gobierno aprobó el pasado 13 de diciembre el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que entrará en vigor en 2023 tras su tramitación por la vía de urgencia. Con esta nueva normativa se busca disponer de una herramienta fundamental para promover la descarbonización y digitalización del transporte, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Entre las grandes novedades de la ley destaca la obligación de que las empresas con más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo, una herramienta imprescindible para descarbonizar el transporte en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas pueden optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.
De igual forma, en los centros de trabajo de más de 1.000 trabajadores situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, las empresas privadas y entidades públicas también tienen la obligación de adoptar medidas para reducir la movilidad de los empleados en las horas punta y promover el uso de medios de transporte de bajas o nulas emisiones.
Asimismo, las empresas del sector del transporte deberán calcular su huella de carbono y comunicarla a los usuarios finales, así como impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía.
También se promueve habilitar caminos y entornos escolares seguros, saludables y sostenibles, que permitan a niños y niñas ir al colegio de forma activa y autónoma. Y se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad.
A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.
Los cuatro pilares de la ley de Movilidad Sostenible
La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
La nueva Ley de Movilidad Sostenible pretende consolidar un nuevo concepto de movilidad a través de campañas de concienciación y formación hacia la protección del medio ambiente y del ciudadano. Su misión se sustenta en cuatro pilares fundamentales:
- La movilidad como un derecho social: por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas
- Una movilidad limpia y saludable: La Agencia Europea de Medio Ambiente estima en más de 25.000 las muertes prematuras que se producen cada año en nuestro país por la mala calidad del aire. Por ello, es imperativo avanzar hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud que contribuya, además, a mejorar la calidad de vida de las personas.
- Un sistema de transporte digital e innovador: La ley incluye la creación del Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructura y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar tanto la ejecución de nuevas infraestructuras, como la puesta en marcha de nuevos servicios, con el fin de adaptarse a las necesidades reales de los ciudadanos.
- Invertir mejor al servicio de la ciudadanía: el cuarto pilar del Anteproyecto de Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública y transparencia en el proceso.